La Represión

La represión franquista no comenzó a raíz del 1 de abril de 1939, día en que se firmó el último parte de guerra que daba la victoria a los sublevados; de hecho, aquel día se habló de reconciliación entre hermanos. Pero lo cierto es que las represalias empezaron en la zona dominada por los nacionales en pleno enfrentamiento bélico. Se trataba de una estrategia diseñada para alcanzar el poder, y fundamentalmente se centraría en cargos políticos republicanos, intelectuales, militares fieles a la legalidad política, maestros y personal docente, dirigentes sindicales y líderes obreros.

En las zonas proclives a la rebelión se instauró pronto un régimen de terror indiscriminado con el fin de evitar la organización de la más mínima resistencia. Sólo en La Rioja se produjeron más de 2000 asesinatos, de lo cual es la Falange quien ostenta la práctica.

Los fusilamientos en las cunetas, tapias de los cementerios y extrarradio de los centros urbanos era práctica habitual para los nacionales.

Conforme la guerra avanzaba, esta situación comenzó a institucionalizarse. Amparados en las disposiciones que se dictaron, los consejos de guerra dictaron numerosas sentencias de muerte, si bien esto no condujo a la extinción de los llamados “paseos”.

Pero los sublevados no se contentaron con ello, y extendieron sus prácticas de debilitamiento de la retaguardia enemiga con el bombardeo y destrucción de poblaciones civiles, como ya sucedió en Gernika y Granollers.

Una vez instaurado el régimen de Franco, el proceso de normalización de la represión siguió adelante. A partir de las denuncias de cualquier vecino o de las mínimas sospechas de cualquier organización afín a la dictadura se procedía a la detención del sospechoso. Si el detenido lograba salir con vida del interrogatorio, en el que se llevaban a cabo todo tipo de torturas, abusos físicos y sexuales y amenazas, se enfrentaría de entonces en adelante a los sucesivos instrucciones sumariales hasta terminar frente a un consejo de guerra o un tribunal militar, ante lo cual no existía mayor defensa que la de pedir clemencia ante el juez. Si se le declaraba culpable, lo cual sucedía en la mayoría de los casos, era conducido a las dependencias de las prisiones correspondientes, donde se efectuaban las sacas de madrugada.

El fusilamiento era el procedimiento más habitual por su rapidez y eficacia, pero se llevaron a cabo otros tantos métodos de ejecución más crueles y dolorosos, como el garrote vil.

Uno de los episodios de represalias que más conmoción provocaron fue la ejecución de las llamadas “Trece rosas rojas”, el 5 de agosto de 1939. Trece mujeres, siete de ellas menores de edad, fueron fusiladas frente a la tapia del cementerio de La Almudena, en Madrid, limpias de todo delito de sangre. Su culpa fue haber pertenecido a la organización de las Juventudes Socialistas Unificadas; muchas de ellas estaban dentro de tal asociación para participar en actividades deportivas o de moda y confección. Acusadas falsamente de haber asesinado a un guardia civil, a su hija y su chófer en un crimen que no pudieron cometer, fueron delatadas, torturadas y encarceladas hasta el momento de su ejecución. Hoy, una placa conmemora de forma sencilla la injusticia de su temprana muerte.

Objeto de la represión de la brigada político-social, como se llamaba a la sección de la policía que se encargaba de los “delitos” de este carácter, fueron también los miembros de organizaciones que operaban desde la clandestinidad, como los comunistas, socialistas y anarquistas. Otro capítulo relevante fue la persecución a Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista, que había regresado en 1959 desde el exilio para operar desde el interior. Su actividad hizo que se convirtiera en uno de los más buscados por la policía. Fue detenido en un autobús en noviembre de 1962, tras lo cual fue torturado y arrojado por la ventana de la comisaría donde estaba siendo interrogado. Como eso no le provocó la muerte, se vio envuelto en un proceso judicial cuyo final estaba escrito de antemano. La policía política, a través del ministro de Información Manuel Fraga Iribarne, declaró que Grimau había recibido un trato cordial y que en un momento del interrogatorio, había decidido encaramarse a una silla y lanzarse por el vano de la ventana. No fue acusado por su militancia clandestina, sino por actos cometidos durante la Guerra Civil, lo cual estaba fuera de la normativa. La prensa internacional volcó su atención sobre este caso, y se realizaron manifestaciones multitudinarias en varios países de Europa y Latinoamérica, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid para pedir la paralización del juicio. Sin embargo, el día 20 de abril, cerca de las 5 de la madrugada, un furgón lo trasladó al campo de tiro del cuartel. Los mandos de la Guardia Civil, encargados de formar el pelotón, se negaron a hacerlo. El capitán general de Madrid rechazó igualmente que lo hicieran militares de carrera. Por tanto, los soldados de reemplazo, caracterizados por su inexperiencia, fueron los encargados de acabar con su vida. Dispararon 27 balas, ninguna de ellas fue capaz de matarlo. Finalmente fue el teniente quien remató a Grimau; según su propio testimonio, este hecho le persiguió durante toda su vida.

A medida que la guerra civil quedaba atrás y la dictadura de Franco iba, por decirlo de alguna forma, madurando, el número de ejecuciones fue disminuyendo, puesto que los considerados crímenes en la guerra civil preescribían 25 años después de haberse cometido. Sin embargo, seguía siendo práctica corriente. Algunos ni siquiera llegaban a ser juzgados: la actividad panfletista, a menudo juvenil, se traducía en muchos casos en que los culpables fueran arrojados por la ventana en las comisarías de las localidades, como fue el caso de Enrique Ruano en el año 1969.

La última ejecución mediante garrote vil que se ha dado en España fue al anarquista catalán Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, que fue acusado de matar a un policía en defensa propia; su veracidad nunca fue asegurada por unas pruebas verdaderamente concluyentes, puesto que impidieron al médico que realizó la autopsia del policía declarar en el juicio de Salvador. La movilización ciudadana y de los dirigentes extranjeros, incluyendo al Papa, apuntaban a que finalmente se sustituiría la pena de muerte por cadena perpetua; sin embargo, el atentado de ETA que costó la vida al presidente del gobierno Carrero Blanco cambió las cosas. Puig Antich fue ejectuado el 2 de marzo de 1974, a la edad de 25 años, en la prisión de la Modelo de Barcelona.

Los últimos ejecutados, tan sólo unos días antes de la muerte del dictador, fueron los juzgado en el denominado proceso de Burgos: tres miebros de ETA y dos del FRAP fueron fusilados, acusados de asesinato, en la madrugada del 27 de septiembre de 1975, acusados de asesinato, tras ser juzgados en el conocido como Proceso de Burgos, por el que también se impusieron penas a otros once activistas de estas organizaciones.

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