Historia

Tras la dimisión de Miguel Primo de Rivera y los gobiernos de Berenguer y Aznar, las elecciones municipales de 1931 fueron convocadas para tratar de restablecer el sistema político de la Restauración desde la base. Sin embargo, estos comicios fueron tomados por los partidos de la oposición como un plebiscito entre monarquía y república.

Los resultados globales dieron la victoria a los partidarios de la monarquía, sin embargo, las candidaturas republicanas vencieron en 45 de las 52 capitales de provincia. Al conocerse los resultados muchos ayuntamientos proclamaron la República. Eibar fue el primero, después Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla… La expansión del movimiento, el desánimo de los ministros del gobierno y el abstencionismo del ejército, provocó que Alfonso XIII abandonase Madrid rumbo al exilio.

Inmediatamente se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora y formado principalmente por los firmantes del Pacto de San Sebastián de 1930: republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas. El gobierno debía dirigir al país para crear una nueva legalidad.

A los dos meses, el 28 de Junio se celebraron unas elecciones por sufragio universal masculino para elegir Cortes Constituyentes. Podemos destacar dos aspectos de los resultados, la victoria de los partidos de izquierda y la multiplicidad de partidos. Tras meses de deliberaciones el 9 de Diciembre la Constitución de la II República era aprobada con los siguientes principios fundamentales:

  • Existencia de una sola cámara elegida cada 4 años por sufragio universal y un presidente de la República nombrado cada 6 por las Cortes.

  • Modelo de Estado integral, con posibilidad de crear estatutos de autonomía.

  • Protección detallada de derechos individuales y colectivos.

  • Establecimiento de un Estado laico, sin educación ni financiación religiosa.

Aprobada la Constitución, fue elegido presidente Niceto Alcalá Zamora, republicano de centro-derecha y Manuel Azaña Presidente del primer Gobierno formado por una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas, que continuaron la labor reformista que había iniciado el Gobierno Provisional desde abril de 1931.

El gobierno republicano-socialista emprendió un programa de reformas en un contexto económico desfavorable.

En primer lugar, la cuestión autonómica. En Cataluña, tras la proclamación de Francesc Macià de la República Catalana dentro de la Federación Ibérica, se desarrollaba un Estatuto de autonomía votado popularmente en Agosto de 1931, y en el parlamento en Septiembre del 32. El estatuto vasco no pudo aprobarse hasta la guerra civil por la división ideológica entre el PNV y el Carlismo, y la existencia de diferentes tendencias autonomistas entre Vizcaya y Guipúzcoa por un lado y Álava y Navarra por otro. Por último, el Estatuto de autonomía gallego no se aprobó hasta 1936 con escaso apoyo.

En segundo lugar, desde el Ministerio de Trabajo del socialista de Largo Caballero se iniciaron una serie de reformas laborales que favorecían la posición de los trabajadores. Destacan la mejora de los contratos de trabajo, la reducción de la jornada a ocho horas, la creación del seguro de maternidad y de accidentes de trabajo en el campo, y se intentó regular el paro agrícola y forzar a los terratenientes a tener cultivadas todas sus tierras.

A continuación se afrontó una reforma educativa que buscaba terminar con las altas tasas de analfabetismo a través de un amplio programa de construcción de 5.000 escuelas y contratación de 7.000 maestros.

En cuanto a la reforma militar, Azaña trató de aproximar al ejército, tradicionalmente monárquico, al sistema republicano, además de buscar su modernización. Sin embargo, las jubilaciones voluntarias con sueldo y graduación íntegra de más de 8.000 oficiales no fueron suficientes, y generales africanistas y antirrepublicanos como Franco, Mola o Sanjurjo continuaron con tropas bajo su mando. Tratando de limitar su influencia, la Academia Militar de Zaragoza, de la que Franco era su director, fue cerrada. Por su parte, la modernización del ejército fue insuficiente al carecer del soporte económico necesario.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron muy duras. La Constitución establecía un Estado no confesional y proclamaba la libertad de cultos; la Ley de Congregaciones prohibía a la Iglesia dedicarse a la industria, el comercio y la enseñanza; se establecía el matrimonio civil y el divorcio, se secularizaban los cementerios, y en el plazo de dos años se suprimiría el presupuesto del clero.

Por último, en 1932 la Ley de Bases de la Reforma Agraria, buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados. Su aplicación fue un fracaso y provocó un decepción generalizada entre el campesinado, manifestada en diversos estallidos violentos, en un contexto económico de paro creciente.

En este contexto convulso, la presión de los grupos conservadores, manifestada en el golpe militar fracasado de Sanjurjo en Sevilla, y las frecuentes protestas sociales hicieron que el gobierno mostrara gran dureza con los obreros y campesinos más extremistas. En este sentido, tras los enfrentamientos en Castilblanco y Arnedo, la dura represión ocurrida en Casas Viejas (Cádiz) precipitó la dimisión de Azaña y la convocatoria de lecciones para Noviembre de 1933.

El resultado electoral dio la victoria a los partidos de centro-derecha con 115 diputados para la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y 102 para el Partido Radical de Alejandro Lerroux. La desconfianza del presidente Alcalá Zamora sobre el líder cedista Gil Robles hizo que solicitara la formación de gobierno a Lerroux. Sin embargo, éste tuvo que apoyarse en Robles para contar con sus votos y por tanto realizar una política conservadora, contraria fundamentalmente a las reformas del bienio progresista. Entre otras destacan:

  • La paralización de la reforma agraria con la expulsión de miles de jornaleros de las tierras.

  • La promoción de jóvenes generales antirrepublicanos para puestos clave como Franco, Goded o Mola, completada con una amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932.

  • La conciliación con la Iglesia Católica al incluirse el presupuesto de la Iglesia en los presupuestos del Estado.

  • La interrupción de las construcciones escolares y de la enseñanza mixta.

  • Y enfrentamiento a los nacionalismos periféricos.

La situación era cada vez más tensa, y el contexto internacional empujaba hacia una radicalización de las ideologías con la presencia en el poder de Hitler en Alemania y Stalin en la URSS.

En Octubre de 1934, Lerroux, que había sufrido varias crisis gubernamentales incluyó a tres miembros de la CEDA en el gabinete para mantener el apoyo. Este hecho causó conmoción en los partidos de izquierda que temían la creación de un gobierno autoritario y fascista como estaba sucediendo en diversos países europeos. Como medida de presión la UGT declaró una huelga general en todo el país, aunque ésta sólo tuvo importancia en Cataluña y especialmente Asturias. En el principado los grupos obreros se unieron y tomaron las armas de los cuarteles, ocuparon las fábricas y minas, y establecieron una organización militar y económica propia. La actuación del ejército, encabezado por Franco, para sofocar la rebelión causó mil muertos, el doble de heridos y miles de detenidos. Este hecho, agravado por la declaración temporal del Estado catalán dentro de la República española, y casos de corrupción cercanos a Lerroux como el “estraperlo”, provocó que en diciembre de 1935 Alcalá Zamora disolviera el parlamento y convocase elecciones para Febrero de 1936.

La victoria fue para una coalición de los partidos de izquierda, Frente Popular, que incluía a republicanos, socialistas, comunistas y que contaba con el apoyo velado del sindicato anarquista CNT. En su programa electoral exponían la necesidad de volver a las reformas del primer.

Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República y Casares Quiroga, miembro del partido regionalista gallego ORGA, del Gobierno, ante la renuncia de los socialistas. El nuevo gobierno decretó la amnistía para los represaliados de octubre de 1934 y restableció el Estatuto catalán. Ante la situación de extremada tensión alejó de Madrid a los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares.

Sin embargo, esta medida fue insuficiente. El 12 de Julio se producía el asesinato de un teniente republicano de la Guardia de Asalto que fue respondido por sus compañeros con la muerte del diputado monárquico de ultraderecha Calvo Sotelo. Precipitando los acontecimientos, el 17 de Julio de 1936 se iniciaba un pronunciamiento militar en Melilla que rápidamente se extendía por Marruecos. Al día siguiente, el general Franco llegó desde Canarias para dirigir el ejército africano. El mismo día 18 se sublevaron otros jefes militares en Pamplona, Mola; Sevilla, Quiepo de Llano, Mallorca, Goded; o en Zaragoza Cabanellas.

El golpe militar triunfaba en Castilla la Vieja, Navarra, parte occidental de Aragón, Galicia, Baleares, Canarias y algunas ciudades andaluzas. Fracasaba en Cataluña, Levante, la franja cantábrica, Castilla la Nueva, Extremadura y gran parte de Andalucía. Pero fracasaba además, en la capital, Madrid, y en Barcelona, la ciudad industrial más importante del país. Ante esta situación se iniciaba una guerra civil que iba a durar tres años y causar alrededor de un millón de muertos.

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