La Iglesia en la República

España ha sido tradicionalmente un país de arraigada fe católica; pero a su vez, con frecuencia se han dado ciertos movimientos anticlericales que han tomado un cariz de acción que nunca se ha dado en ningún otro país occidental.

Esta confluencia de actitudes tomó una perspectiva aún más radical y contrapuesta con la llegada de la Segunda República Española, momento en el cual, muy a pesar del clero y de las organizaciones católicas y conservadoras, los miembros de la Iglesia comenzaron a perder su posición de favor frente al resto de la sociedad.

Con la proclamación de la Segunda República en España y la promulgación de la Constituciín de 1931, probablemente la más liberal de todas las que han regulado el país, se suprimieron gran cantidad de privilegios del sector religioso que volvieron irascibles las relaciones Iglesia-Estado.

España pasó a ser un Estado laico, dando un paso más allá a la mera separación entre ambos, es decir, promulgando asimismo la progresiva separación de la religión en la vida política española. Además, se reconoció el matrimonio civil y el divorcio, por lo que una de las principales bases para la importancia de la institución católica quedó derruida.

En España, la agitación política siempre ha virado hacia un rumbo anticlerical en el caso de los militantes extremistas de izquierda. Esto irritaba profundamente a los sectores más conservadores y reaccionarios, que respondían con fuerza a los ataques verbales y explícitamente violentos de los primeros. El malestar de los socialistas, comunistas y anarquistas respecto a la Iglesia procedía en buena parte a la visión de que los miembros del clero poseían ciertos privilegios que constituían una de las mayores desigualdades sociales del país. Este malestar se tradujo en una buena parte de los casos en la quema de iglesias y conventos por todo el territorio nacional, como sucedió en los días 10 y 11 de mayo de 1931, o en junio de 1936: 160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto.

El 18 de mayo de 1933, la ley de Congregaciones convierte en propiedades públicas todos los bienes de la iglesia, no solo los templos, sino también los ornamentos de los sacerdotes, las imágenes y los cálices. Esto fue interpretado por los sectores más religiosos y ultra conservadores como una nueva provocación por parte de la República, y empezaron a impacientarse en cuanto a las medidas tomadas por el régimen republicano.

Por norma general, el clero y las organizaciones sociales afines o partícipes en ella se opusieron desde el principio al gobierno de la República, apoyando a los sectores monárquicos. Incluso algunos de sus más altos jerarcas interrumpieron en la vida política con sus rotundas afirmaciones, que crisparon aún más a los sectores más radicales y revolucionarios de la izquierda, en una espiral de violencia que no parecía tener fin. Más tarde, la Iglesia se convertiría en el gran apoyo de un régimen dictatorial fascista que nunca se caracterizó, precisamente, por la misericordia.

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