Memoria Histórica

La Ley de Memoria Histórica es llamada, oficialmente y de forma completa, Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Fue aprobada por el Congreso de los Diputados el día 31 de octubre del pasado año 2007. Previamente, obtuvo el apoyo de la mayoría en la fecha 22 de junio de 2006, por lo cual se establecía tal año como el año de la memoria histórica. El proyecto fue duramente criticado por el Partido Popular, que se opuso desde el principio a esta ley, y pretendió ser modificado por Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, que consideraron que la ley era insuficiente.

La ley reconoce en su preámbulo el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personas que se dieron durante la Guerra Civil y la dictadura. Los tribunales franquistas y sus condenas son declarados ilegítimos, aunque los juicios no son anulados.

También se ofrecen ayudas a los represaliados, extendiendo así las que ya se daban. Podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de las personas fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.

El Estado ayudará a la localización y exhumación de las fosas comunes, donde están enterradas víctimas de la represión franquista, aún desaparecidos.

La ley establece, como se ha dicho anteriormente, que los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. No será de aplicación en casos en que concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por ley. Este punto da lugar a multitud de convergencias y polémicas posturas al respecto.

En cuanto al Valle de los Caídos, éste se regirá por las normas aplicables a lugares de culto. Se dispone su despolitización, prohibiéndose los actos de este carácter que exalten algunos de los puntos anteriormente citados.

Se concederá la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, sin que éstos deban renunciar a la de su lugar de procedencia.

Los hijos y nietos de exiliados bajo la dictadura de Franco que tuvieron que perder o renunciar a la nacionalidad española podrán obtenerla si la solicitan entre 2009 y 2011, sin que fuera necesario que sus progenitores hayan nacido en España.

Se creará, por último, un Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en el que se integrará el Archivo General de la Guerra Civil.

En esta ley se han querido reconocer a las víctimas de la Guerra Civil, por parte de ambos bandos, y de las víctimas de la dictadura franquista. Por ello se incluye el derecho a la apertura de fosas comunes donde yacen los restos de los represaliados por los vencedores de la contienda, tareas que antes estaban cubiertas por asociaciones privadas. Igualmente, deberán ser retirados los símbolos que recuerden al franquismo, tales como placas que exalten la figura del dictador o de calles que ostenten el nombre de generales golpistas relacionados con el Franquismo.

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