Los papeles incautados por el franquismo a particulares e instituciones catalanas afines a la legalidad republicana, y que desde los años de la guerra civil permanecían en lo que hoy es el Archivo Histórico Nacional en Salamanca, volverán a descansar en Cataluña. Así lo han acordado el ministro de cultura, César Antonio Molina, y su homólogo catalán, Joan Manuel Tresserras. El escenario de dicho pactoha sido Madrid, donde se ha abierto el camino hacia los objetivos de la Generalitat en esta materia, que llevaba meses de bloqueo.
La próxima cita será el día 19 de junio, donde se establecerá un calendario con las fechas de traspaso de documentos. A finales de junio, se establecerá cuales son los documentos que deben regresar a su propietario original. En cualquier caso, el tiempo para comenzar el traslado no deberá exceder los seis meses.
La ley que regula el retorno de dichos papeles tiene fecha de 2005. En enero de 2006, se devolvieron los que pertenecían a la Generalitat republicana. Sólo quedaron pendientes siete cajas, las cuales serán devueltas de inmediato.
Las manifestaciones, recogidas de firmas y muestras de rechazo por algunos sectores de la política, los medios de comunicación y la ciudadanía no se han hecho esperar. Los defensores de que los documentos, cuya legítima pertenencia aún es discutida, permanezcan en la sede de Salamanca aseguran que no todo está perdido, y que la lucha continúa.
La polémica resucita.
Banderas de otro color 
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